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La Generalitat Valenciana prepara un decreto para profesionalizar la atención y prevención de las adicciones

septiembre 3, 2025749 views0

La Conselleria de Sanidad está elaborando un proyecto de decreto del Consell sobre el registro y autorización de centros y servicios de atención y prevención de las adicciones.

La norma está abierta a consulta pública hasta el próximo 6 de septiembre con el objetivo de recoger aportaciones de profesionales, entidades y ciudadanía antes de su aprobación definitiva.

El proyecto de decreto introduce criterios de calidad que hasta ahora no estaban regulados en España y que convierten a la Comunidad Valenciana en la primera autonomía que exige estándares equiparables a los de organismos internacionales.

El texto regula aspectos como la plantilla mínima de profesionales que debe tener cada tipo de recurso, la dedicación horaria de sus integrantes y, por primera vez, las condiciones básicas que deben reunir las instalaciones. Los centros ya existentes dispondrán de un plazo de un año para adaptarse a estos requisitos, con el fin de permitir una transición ordenada hacia los nuevos estándares. En este sentido, el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha precisado que “se trata de una reclamación compartida por los profesionales del sector, por lo que de este modo damos respuesta a su demanda desde la Conselleria de Sanidad”.

“Por otro lado, era necesario establecer unas reglas claras para evitar desigualdades entre dispositivos y garantizar que todas las personas reciban una atención de calidad, independientemente del recurso al que acudan”, ha explicado el director general.

La Conselleria de Sanidad acompañará este proceso con la convocatoria de un amplio programa de formación especializada, que facilitará a los equipos profesionales la capacitación necesaria para cumplir con las nuevas exigencias. En este sentido, Pérez Gálvez ha subrayado que “no se trata solo de exigir, sino también de apoyar. Facilitaremos que se disponga de la formación necesaria para adaptarse a este nuevo marco y avanzar en la profesionalización de algunas áreas, como la prevención de las adicciones”.

Certificado de la OMS

Además, todos los profesionales deberán contar con el certificado WHO QualityRights, emitido por la Organización Mundial de la Salud, sobre derechos de calidad en salud mental, recuperación e inclusión comunitaria. Esta exigencia, inédita en España, garantiza que la atención se desarrolle con un enfoque centrado en la dignidad y los derechos de las personas usuarias.

Otra novedad relevante es la obligación de disponer de certificaciones de calidad para renovar la autorización de funcionamiento, lo que convierte a la Comunidad Valenciana en pionera al vincular la continuidad de los centros a acreditaciones externas. Asimismo, se prohíbe la publicidad de resultados de eficacia sin que estos hayan sido previamente evaluados por entidades independientes, con el fin de evitar engaños o falsas expectativas a las familias y personas afectadas.

“Queremos que la Comunidad Valenciana se distinga por ofrecer garantías que no existen en el resto del país, situando a las personas en el centro del sistema y alineándose con los criterios de calidad exigidos por organismos internacionales como la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”, ha señalado Pérez Gálvez.

El director general ha recordado, además, que este decreto se aprueba en un contexto de refuerzo presupuestario sin precedentes: “Este año hemos incrementado en un 75 % el presupuesto destinado a Salud Mental y Adicciones. Tras ese esfuerzo económico, es el momento de dar un paso más y exigir que la mejora de la financiación se traduzca en un salto cualitativo en los recursos. Ese es precisamente el objetivo de esta normativa”.

Con esta iniciativa, la Conselleria de Sanidad busca consolidar un modelo de atención y prevención de las adicciones basado en la excelencia profesional, la calidad acreditada y la protección de los derechos de las personas usuarias.