Salas de consumo supervisado: se reabre el debate

Han pasado ya dieciséis años desde que se abriese a la ciudadanía con problemas de drogadicción la primera sala de consumo controlado en la ciudad de Madrid. Años después, llegarían las de País Vasco y Cataluña.

No obstante, fue dos décadas antes, en los años 80, cuando se habilitó la primera sala de estas características en Berna (Suiza) para apoyar las políticas de reducción de daños. Estas salas, más conocidas en España de manera informal como “narcosalas”, son centros habilitados para el consumo de drogas ilegales de manera supervisada. También se identifican como “salas de consumo higiénico”.

A España y Suiza se unen otros países como Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, Australia o Canadá. Este mismo mes de octubre de 2016 se ha habilitado la primera sala en Francia, en la ciudad de París, permitiendo abrir de nuevo un debate social, político y cultural en torno a estos dispositivos.

 ¿Qué utilidad tienen este tipo de dispositivos?

Las salas de consumo controlado o supervisado ofrecen a sus usuarios y usuarias atención sanitaria y educación para la salud; y algunos de los objetivos que se consiguen con ellas son: acercar el acceso a los servicios de atención especializada a aquellas personas que se plantean abandonar el consumo de sustancias, evitar muertes por sobredosis, contribuir a la seguridad y calidad de vida de los barrios cercanos así como disminuir el impacto del consumo de drogas en espacios públicos, como puede ser en parques o en determinadas zonas de ocio nocturno.

Los beneficios que estas salas suponen para las personas con adicciones a sustancias son muy numerosos. Comenzaron a inaugurarse con el estallido de adicciones y sobredosis por la heroína y consecuentes enfermedades que se extendieron entre la sociedad por la falta de información, medios de tratamiento y políticas de drogas, como fue el VIH o la Hepatitis C.

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Sala de consumo controlado de la calle Bailén, en Bilbao (País Vasco)
Fuente: www.osalde.org

Estos espacios disponen de material estéril para evitar que  se compartan los utensilios para el consumo entre las personas implicadas, ofrecen  garantías de higiene que un espacio público no puede ofrecer, atención y apoyo social así como intervención sanitaria inmediata en caso de producirse una intoxicación aguda, reacción adversa o sobredosis.

 Del Estado a la ciudadanía

En este tipo de acciones para la reducción de daños no sólo está implicado el Estado y la política a nivel normativo o de financiación; será imprescindible contar con la comunidad para su gestión. A menudo, desde el punto de vista sociocultural, son los propios vecinos y vecinas las que se niegan a tener un centro de estas características cercano a su domicilio, alegando su peligrosidad o su inadecuación para los menores que viven en esas zonas. Estas ideas y prejuicios deberían trabajarse a nivel comunitario, ya que al contrario de lo que reza la creencia popular, este tipo de centros mejoran la convivencia en los barrios. Además, se ha de comprender que, para acercar la inserción social a las personas drogodependientes, situar estas salas en zonas marginales supondría el efecto contrario: seguir perpetuando su exclusión.

Ocultar este tipo de intervenciones supone negar oportunidades de mejora para la salud a los propias personas drogodependientes y a la propia sociedad en general, aumentado por completo el estigma. Esto es sencillo de explicar: si una familia media detectase que alguno de sus hijos o hijas están en una situación de adicción y riesgo de salud, ¿qué preferirían? ¿Acudir a un centro situado en una zona considerada como “marginal” o con condiciones precarias o, por el contrario, solicitar información en un centro de salud y de atención social de su propio barrio?

No obstante, como señalaba, el Estado tiene mucho que decir y aportar en este tema. A priori, puede parecer que con los datos actuales de consumo de heroína (menos del 1% de las personas encuestadas), la situación del consumo de drogas en España ya no es dramática, utilizando el discurso de que “como ya no hay jeringuillas por el suelo, ya no hay problemas de drogas en mi ciudad”. Sin embargo, está totalmente extendido el consumo de cocaína, marihuana, alcohol y de nuevas sustancias psicoactivas de las que apenas se conoce ni su composición ni sus efectos. La inversión que haría el Estado en cuanto a facilitar el espacio, la compra de materiales y la contratación de profesionales de la rama de medicina o del trabajo social, entre otros, compensaría por completo la reducción de casos de sobredosis o de contagio de enfermedades de alto costo que anteriormente mencionaba (como el sida o la hepatitis C), llegando incluso a convertirse en una “inversión para el ahorro” para el sistema público de salud. A su vez, facilitaría un ambiente de convivencia, respeto y apoyo por aquellas personas que se hacen responsables de sus circunstancias personales y que quieren evitar, precisamente, problemas al vecindario o a los menores que vivan en él.

Por tanto, tiene sentido que no podamos descuidar ni abandonar la atención y prevención del consumo de sustancias. Recientemente en EE.UU han aumentado los casos de sobredosis por heroína y esto no es un fenómeno que únicamente pueda ocurrir allí. Es un derecho y también, una obligación, que la ciudadanía esté sensibilizada, empoderada y activamente comprometida con lo que es un problema social y no individual.

Paula Castilla
Trabajadora Social
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Paula Castilla

Paula Castilla

Trabajadora Social por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas por la Universidad de Valencia. Especialista en Orientación Sociolaboral. En la actualidad trabaja en Fundación Tomillo acompañando a población joven y adulta, en alto riesgo de exclusión social, a conseguir su inserción en el mundo laboral a través de intervención individual y/o grupal, creación y dinamización de formaciones, y trabajo en red con otros dispositivos como, por ejemplo, Servicios Sociales.
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