Narcotráfico en Colombia. La conquista del oro blanco.

hojas de coca

CONTENIDO DE LA REVISTA IMPRESA PARA SOCIOS Nº2 (Revista para socios. Año 2016)

La expansión del negocio de la cocaína en Colombia tiene nombre y apellido, Richard Nixon. El expresidente de Estados Unidos elaboró en los años 70 un paquete de medidas para luchar contra las drogas psicoactivas, proporcionando ayuda militar a los países productores y exportadores.

“La guerra contra las drogas desencadenó una serie de eventos que, a la vuelta de algunos años, llevaron a la consolidación de Colombia como el principal exportador de cocaína a Estados Unidos. En 1971 comenzó a escribirse la historia contemporánea de Colombia. O, mejor, a torcerse, de manera lenta, pero definitiva, el destino de nuestro país”, escriben Alejandro Gaviria y Daniel Mejía en el libro Políticas Antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos.

Estas medidas prohibicionistas de Nixon centraron su acción en la marihuana, el LSD y la heroína. Al no considerarla una sustancia peligrosa, la cocaína no fue perseguida, lo que desembocó en un aumento desmesurado de su consumo.

Por aquella época, Colombia estaba dentro de los tres o cuatro países exportadores de cocaína. Tras el descenso de grupos criminales de países latinoamericanos como Chile y Perú, los narcotraficantes colombianos se convirtieron en los principales exportadores de cocaína a EE.UU.

Tras la caída en los años 90 de los dos grandes cárteles, el de Medellín y el de Cali, el mercado del narcotráfico se multiplicó en ‘baby cárteles’. “Esto conllevó a que se fortalecieran los narcotraficantes mexicanos, que al ser los dueños de las principales rutas, pusieron impuestos más caros para el envío a EE.UU.”, afirma Farid Benavides, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Blanquerna de Barcelona. La razón principal del cambio de las rutas hacia el Sur se debe al control de los mexicanos sobre las rutas hacia el Norte.  Para los carteles colombianos es mucho mejor negocio vender la droga en Colombia o enviarla a Europa por el Sur del continente.

Al mismo tiempo, los colombianos entendieron que la mercancía era buena y que el mercado estaba en auge, así que expandieron el negocio hacia Europa a través de Argentina. “Eso explica el aumento en los últimos diez años de colombianos y colombianas en países como Paraguay, Brasil o Argentina”, matiza el profesor.

Con respecto al consumo, en Colombia ha aumentado considerablemente. “Los narcos ganan más si venden en Bogotá que en Nueva York, debido a los costos del narcotráfico mexicano”, añade el profesor.

En los acuerdos firmados el pasado 26 de septiembre entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP:  La denominaciòn de FARC-EP es posterior en la historia de la organizaciòn.  No naciò así, sino solo como FARC.  Es en la Séptima Conferencia – en mayo de 1982 – que decide incluir la EP de Ejército del Pueblo), se establece el punto cuatro para la solución al problema de las drogas ilícitas. Dentro de este apartado se abordan tres pilares: la sustitución y erradicación de los cultivos de uso ilícito, el consumo y el narcotráfico.

acuerdo paz colombia

Desde el año 1994, está permitido el consumo de drogas en Colombia y es considerado un derecho fundamental. El Estado no puede criminalizar ni sancionar el consumo de drogas porque es parte del derecho a formar la libre personalidad.

En este punto del acuerdo, el Gobierno va a poner en marcha el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, como manera de dejar de criminalizar al consumidor y apoyar a la población en acciones de rehabilitación e inserción social.

En cuanto a la producción, según datos del documento de julio del 2016 Monitoreo de Territorios afectados por cultivos ilícitos 2015 de la Oficina de Las Naciones Unidas Para la Droga y el Delito (UNODC) y del Gobierno de Colombia, el área neta de cultivo de coca aumentó en un 39% con respecto a 2014, de 69 mil hectáreas a 96 mil.

Una de las razones que explican este aumento se debe a la negociación del acuerdo. En lo referente a la sustitución y no resiembra de cultivos de uso ilícito, el Gobierno ofrecerá planes de desarrollo a aquellas personas que, voluntariamente, decidan someterse al proceso. Al tratarse de zonas históricamente abandonadas por el Estado, el cultivo de uso ilícito se ve como una herramienta para interlocutar con el Gobierno.

En este apartado también se incluye el desminado de las tierras con ayuda de Las Farc y la promesa del Estado para la erradicación manual, puesto que la fumigación con glifosato está considerada no sólo dañina para la salud, sino que envenena otros cultivos legales de la periferia, al tratarse de un herbicida no selectivo.

Para que la sustitución de cultivos de uso ilícito beneficie al campesinado, se tienen que dar unas condiciones aptas en una lógica de integración territorial e inclusión social, es decir, el Gobierno pondrá en marcha un plan de desarrollo de infraestructuras en el territorio, como la construcción de hospitales, escuelas, y vías de transporte.

Amenazas-de-Farc-en-Tolima

“Se ha demostrado que los campesinos no sacan una cantidad grande de dinero de la producción. Cultivan hoja de coca por la facilidad de venderla en la puerta de su casa, ya que las condiciones de las vías dificultan el transporte del producto de cultivo legal. Por lo demás, siguen en las mismas condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Dónde está la ganancia es en las otras fases”, destaca Benavides.

En estas fases de ganancia, se acuerda una estrategia para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y actuar en aquellos eslabones más fuertes de la cadena: lavado de activos y tráfico de drogas.

Gustavo Duncan, profesor de gobierno y ciencias políticas de la Universidad EAFIT de Colombia, considera que el Estado Colombiano está preparado para el desafío: “puede que no haya resuelto el problema del narcotráfico, pero sí ha resuelto el problema político del narcotráfico, que ahora gobierna menos pedazos de la sociedad que hace veinte años”.

“Si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, éste ha alimentado el conflicto, atravesándolo y financiándolo”, recalca Benavides. Asimismo, habla de una estrategia de control fiscal y afirma que el lavado de activos ya no se hace por la vía bancaria, sino que ha pasado a la compra de inmuebles y al negocio de la minería ilegal, concretamente a la exportación y reimportación del oro colombiano.

La firma del acuerdo pone fin a 52 años de conflicto. “Esta es la mitad de la historia. El conflicto armado comenzó con la primera guerrilla de América Latina en Colombia, en los años 20”, recalca Benavides.

Más adelante, la violencia de los años 40 y el conflicto entre los sectores conservadores y liberales, desembocó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y el inicio de la época llamada La Violencia. Muchas personas trabajadoras del campo fueron expulsadas de sus tierras, lo que produjo un desplazamiento masivo hacia las zonas periféricas menos copadas por el Estado. Y junto con el campesinado, las personas de los sectores liberales huyeron hacia la selva, como acto de protesta ante los hechos sucedidos, la falta de una reforma agraria y la carencia de protección. En 1964, en el seno del sector liberal, surge una organización de carácter político bajo el nombre de FARC-EP.

“Al no existir el Estado, la guerrilla terminó apoderándose del control de esa población”, reitera Duncan.

“De Las Farc no se tiene noticia en los 70. En el año 1982 resurgen porque son la única guerrilla que de manera seria se toma el proceso de paz con el presidente Betancourt”, dice Benavides. El proceso falló -al igual que el segundo intento en el 98- y la organización se debilitó. “Debido al declive de la Unión Soviética y a la falta de dinero que recibía de regímenes comunistas como el de Cuba, la guerrilla decidió participar del negocio de las drogas”, concluye el profesor de relaciones internacionales.

Inicialmente, Las Farc permitieron el cultivo y la venta de coca base a cambio de tasas. “Esta organización controlaba los cultivos y luego montaron sus propios laboratorios. La diferencia con otros países del ‘primer mundo’, donde el narco no se involucra en la sociedad, es que en Colombia, para controlar una zona de cultivo, se tiene que controlar a la población que vive en ella. Y Las Farc lo hacía”, destaca Duncan.

El negocio de la coca reportó grandes beneficios a la guerrilla, que pasó a tener unos cuerpos mucho más militarizados, lo que supuso una amenaza al Estado Colombiano. Para fortalecer al Ejército, en 1998 se empezó a gestar el Plan Colombia, un acuerdo entre el Gobierno colombiano y los Estados Unidos para acabar con el conflicto armado y crear una estrategia antinarcótica.

Debido al desgaste de la guerra y de la gran cantidad de recursos humanos y económicos perdidos, en 2012 Las Farc y el Gobierno Colombiano decidieron negociar los acuerdos de paz. Actualmente, el no del plebiscito impide instaurar las medidas pactadas, aunque el alto al fuego ha sido prorrogado por Las Farc hasta el 31 de diciembre de 2016.

Susan V. Norman, de la Universidad de Virginia escribe en el documento The FARC and the War on Drugs in Colombia (Las FARC y la Guerra de las Drogas en Colombia), que el rol de Las Farc en la economía ilícita ha sido mayormente regulador, puesto que en los territorios donde se encuentran los cultivos de uso ilícito –Guaviare, Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Bolívar y las Regiones Caribeñas-, la guerrilla está presente en todos.

Tras el desarme de Las Farc, Duncan habla de tres posibles escenarios. El primero es la ocupación de los territorios por el Estado, lo que tiene “cierto sentido para garantizar los acuerdos de paz”, el segundo es la llegada de la otra guerrilla, el ELN –que está en proceso de comenzar negociaciones con el Gobierno-, y el tercero es la entrada de las bandas criminales, más conocidas como Bacrim.

“Este último escenario es el peor de todos. El problema es que si el Estado no copa con su fuerza ese territorio, otro grupo criminal va a controlarlo. Ese grupo criminal no va a intervenir en política, a no ser que alguien se interponga en sus intereses. Y habría una disputa por los cultivos de coca entre quienes están armados y quienes no”, afirma Duncan.

Para una instauración de la paz en el territorio colombiano, “hay que medir el balance entre delito y violencia. Si se erradica todo el delito, sube la violencia. La mejor opción es tolerar una buena cantidad de delito y para ello el Estado pisará muy suave, para no multiplicar la violencia”, afirma Benavides.

El problema del narcotráfico no se solucionará inmediatamente tras la instauración del los acuerdos. Aquí el Gobierno y Las Farc tienen un papel muy importante en el post conflicto, para responder las incertidumbres del proceso y garantizar la seguridad de toda la población colombiana. Como dijo Piedad Córdoba, política y abogada colombiana: “Todo lo que sea necesario para alcanzar una paz justa y duradera”.

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Periodista feminista. Creo en la información como precursora del cambio social. Me gusta contar las historias que faltan. En Colombia con @IAP_Colombia
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